«Humanos como codición» por el Dr. Rubén Darío Golía

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El Dr. Rubén Darío Golía, recuerda el 21 de mayo de 1813, que declara la «libertad de vientres» y promueve la abolición total de la esclavitud. Mientras la sociedad se alza sobre las ruinas de la última dictatura cívico-militar, al transitar el enjuiciamiento de los responsables de violar sistemáticamente los derechos humanos de trabajadores, estudiantes y militantes; en la actualidad seguimos revisando el cumplimiento de los derechos más básicos de los trabajadores: el derecho a la libertad. Trata de personas, talleres clandestinos, y explotación bajo formas de esclavitud económica constituyen vestigios de aquel pensamiento colonial que opera entre las gritas de sociedad que hemos compuesto.
La abolición de la esclavitud resulta de una construcción histórica que en nuestro país comienza el 21 de mayo de 1813 con la “libertad de vientres” para aquellos futuros hijos de esclavos; días después un decreto pone fin al comercio internacional de personas y declara en libertad a aquellos esclavos que ingresaran al territorio rioplatense. Fue recién a partir de la Constitución de 1853 que se estableció que “en la Nación Argentina no hay esclavos: los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución”; desde entonces, se ha profundizado el reconocimiento de los trabajadores como sujetos de derecho. La reforma constitucional de 1949 constituyó una de las grandes transformaciones en materia de derecho laboral, que si bien fue derogada con la Revolución Libertadora promovió la incorporación del Artículo 14 bis en 1957. Desde el reconocimiento de los derechos sociales y económicos, los principios de irrenunciabilidad con respecto a los derechos, protección al trabajador, primacía de la realidad, razonabilidad, continuidad laboral y buena fé han constituido vectores del derecho laboral.
El reconocimiento de los derechos de los trabajadores otorga soberanía a su pueblo que no está a merced de intereses especulativos, sino que le otorga la capacidad de empoderamiento y protagonismo para intervenir democráticamente en la transformación social. Sin embargo, el rol del Estado no basta, pues debe complemementarse con el compromiso del conjunto de la sociedad. El año pasado Cristina Fernández hacía referencia a las inequidades sobre las que hay que seguir trabajando al señalar las condiciones insalubres en la que ex gobernador, Ramón Puerta, tenía a los trabajadores en una estancia de su propiedad. La regulación del trabajo rural constituyó un ámbito de informalidad laboral sobre el que el Estado ha intervenido desde la inspección.
La Ciudad de Buenos Aires ha sido escenario de montaje de talleres clandestinos que en condiciones paupérrimas producen indumentaria para reconocidas empresas de ropa, situación sobre la que el gobierno porteño estimó no poder intevenir puesto que se trataría de una resultante de oferta y demanda en el mercado de trabajo. Una vez más, Mauricio Macri dejó en claro su postura no intervencionista con respecto al Estado al estimar que “el mejor combate de esos abusos es lograr tener un país en crecimiento donde haya tanta demanda laboral que estos explotadores no encuentren gente que se quiera someter a este abuso que hacen los explotadores”.
Como ciudadanos, es nuestro rol participar de la construcción de una sociedad igualitaria apelando por normas que reconozcan nuestros derechos, como así también colaborando con la ejecución y practicidad de las mismas, para que la libertad de los hombres no sea una mercancía que depende de las variables de oferta y demanda, ni un privilegio de los sectores de poder, sino una condición humana.