Reforma Constitucional del ´49, una carta del pueblo

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¿Cambian las conductas sociales ante la implementación de un texto constitucional o son los cambios sociales los que interpelan a la sociedad para que través de la política haga de ellos su Constitución?. La reforma constitucional de 1949 es una expresión de la matriz de pensamiento político peronista que introdujo los derechos sociales y laborales en nuestro ordenamiento normativo manifestando una organización institucional de acuerdo con la nueva correlación de fuerzas latente por ese entonces en la sociedad, con “la irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana” expresada en su Preámbulo.
Arturo Sampay, crítico de la postura jurídico liberal que imperaba en la Argentina desde 1853, fue el encargado de redactar las modificaciones impulsadas por la presidencia de Juan D. Perón a fin de otorgar amparo constitucional a la necesaria intervención del Estado que había posibilitado durante los últimos años el crecimiento de las clases populares, y con ella, el reconocimiento de los derechos del trabajador, la función social de la propiedad, el surgimiento de una pujante burguesía industrial, y la diversificación de las clases propietarias; sin dejar a un lado la expansión de la ciudadanía a través del foto femenino y el peso del movimiento obrero en la conducción política institucional. La reforma significó entonces la consagración de los derechos conquistados por el pueblo en momentos que la crisis mundial sacudía las economías tras la segunda guerra mundial.
El juramento del nuevo texto, que contuvo 103 modificaciones, fue realizada el 16 de marzo de 1949, por sobre la presión de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos que defendían los intereses del capitalismo extranjero pretendiendo que el gobierno suavizara el Estado de Bienestar que se buscaba garantizar. Fue la Constitución apoyada por el pueblo la que terminó rendida bajo las armas de la Revolución Libertadora para transformase en una nueva Constitución, resultante del peronismo proscripto y el radicalismo retirado por la ausencia de legitimidad, la que en 1957 terminó ratificando la vigencia del texto constitucional de 1853, y apenas la inclusión del artículo 14 bis rememoró los avances anteriores. Quedaban suspendidas entonces las preguntas que Perón se realizaba ante la Asamblea Constituyente en 1949: “¿podían imaginarse los convencionales del 53 que la igualdad garantizada por la Constitución llevaría a la creación de entes poderosos superiores a los propios Estados? ¿pensaron siquiera que los habitantes del suelo argentino serían reducidos a la condición de parias obligándoles a formar una clase social pobre, miserable privada de todos los derechos, de todos los bienes, de todas las ilusiones y todas las esperanzas?”.
A partir del 2003, tras años de gobiernos de facto y posturas neoliberales, el espíritu del Estado social viene a encontrar su legitimidad en un marco normativo que deja expreso su carácter popular considerando al Pueblo como el único destinatario de sus políticas.